EN CASO TELEVISA ALGO HUELE MUY MAL EN NICARAGUA

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El logotipo de Televisa abre las ventanillas de los módulos de control vehicular de la Ciudad de México para realizar gestiones de manera expedita; permite cruzar sin mayor trámite aduanas y puestos fronterizos de México y de los países de Centroamérica y obliga a las procuradurías General de la República (PGR) y de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) a realizar investigaciones que deslinden a la empresa de cualquier enredo judicial.

El logotipo de Televisa --apócrifo o no-- abre las puertas del poder. Pero en el caso de los 18 mexicanos detenidos en Nicaragua --acusados de lavado de dinero, delincuencia organizada y tráfico internacional de estupefacientes-- a Televisa se le revirtió su logotipo: su utilización en seis camionetas tipo Van para transportar por Centroamérica 9.2 millones de dólares, y en las que se encontraron rastros de cocaína, involucró a la empresa de Emilio Azcárraga Jean en un intrincado lío judicial del que se ha deslindado enfáticamente.

De acuerdo con el expediente que sobre el asunto abrió la Secretaría de Transporte y Vialidad de la Ciudad de México (Setravi), las seis camionetas Chevrolet tipo Van que las autoridades nicaragüenses decomisaron el pasado 20 de agosto, fueron registradas a nombre de Televisa utilizando documentos que, en apariencia, eran de la propia empresa: la cédula del Registro Federal de Contribuyentes, recibos de pago de teléfono, la declaración de valor catastral y de pago de impuesto predial y un poder notarial de la televisora para realizar todo tipo de trámites de vehículos.

Según documentos del expediente --cuyas copias tiene este semanario--, los trámites presuntamente los hizo Armando Tavera Sánchez, cuya credencial del IFE señala que vive en calle Sur No. 101 B 533, colonia Sector Popular, en la delegación Iztapalapa. Habría realizado tales gestiones entre diciembre de 2009 y agosto de 2011, en los módulos de control vehicular de las delegaciones Iztacalco, Tlalpan y Venustiano Carranza.

El expediente señala que se presentó como comprobante de domicilio de Televisa la declaración de valor catastral y pago de impuesto predial de 2002, correspondiente al edificio de la empresa ubicado en Avenida Chapultepec 18, colonia Doctores. Esta declaración, por cierto, asienta que el valor catastral del inmueble es de 72 millones 131 mil pesos (mexicanos), y el valor catastral “base renta” de 115 millones 320 mil pesos.

También para comprobar dicho domicilio se presentaron facturas por el pago de teléfono a Telmex, en las cuales no aparece el número de la línea, pero son por montos de 8 mil pesos mensuales en promedio.

Se presentaron, además, dos documentos que avalaban a Tavera como representante legal de Televisa: una cédula del Registro Federal de Contribuyentes de la televisora --clave TEL-721214GK7-- y un poder notarial de la empresa. Este último documento fue emitido el 26 de junio de 2003 por la notaría número 100, cuyo titular es Manuel Oliveros Lara.

El documento notarial asienta: “Televisa, sociedad anónima de capital variable, representada por los señores don Juan Sebastián Mijares Ortega y don Julio Barba Hurtado, ambos en su carácter de apoderados generales, otorga a favor del señor Armando Tavera Sánchez, un poder especial, pero tan amplio como en derecho se requiera y sea necesario, para que en nombre y representación de la sociedad poderdante, lleve a cabo todas las gestiones o trámites de carácter fiscal, administrativo, civil y penal que tengan relación con los vehículos automotores propiedad de la sociedad (…) De igual forma, queda autorizado para que lleve a cabo cualquier trámite y/o firme cualquier documento relacionado con el procedimiento de sustitución de placas o matrículas de circulación o reemplacamiento (…)”.

Una ficha informativa anexa al expediente hace notar que “la Dirección de Registro Público del Transporte (de la Ciudad de México) cuenta con trámites contemporáneos realizados a nombre de Televisa S.A. de C.V., en los cuales se aprecia que los documentos utilizados para acreditar la representación legal de la empresa y del representante legal son los mismos a los utilizados en el emplacamiento de las seis unidades que nos ocupan”.

Más aún, la ficha hace referencia a una solicitud que el pasado 27 de agosto realizó ante la Setravi Jesús Alejandro Daniel Araujo Delgado, uno de los representantes legales de Televisa, con el propósito de obtener los expedientes administrativos de las seis camionetas decomisadas en Nicaragua.

Para comprobar su representación legal, Araujo presentó un poder notarial emitido por la notaría número 100, a cargo de Manuel Oliveros. Se trata del mismo notario que presuntamente entregó a Tavera el poder notarial para realizar los trámites de las camionetas decomisadas en Nicaragua.

La ficha informativa apunta: “El poder notarial presentado en las oficinas de la Setravi, que acompaña al escrito de requerimiento de información de fecha 27 de agosto de 2012, con el que la empresa Televisa nombra a sus representantes legales para acreditar su personalidad jurídica, es emitido por la notaría 100 del notario Manuel Oliveros Lara (…) lo cual es importante destacar, ya que es la misma notaría que emite el poder notarial a favor de Armando Tavera Sánchez, y que fue utilizado para el emplacamiento de las seis unidades que se han detallado, así como de otros trámites vehiculares a nombre de la misma empresa”.

EXPEDIENTE DE SETRAVI

De acuerdo con el expediente de la Setravi, entre octubre de 2009 y julio de 2011 Raquel Alatorre Correa, la mujer que lidera al grupo de mexicanos detenidos en Nicaragua, compró cinco de las seis camionetas en la agencia Chevrolet del Parque, con domicilio en León, Guanajuato; la otra la adquirió en Nueva Automotriz Occidental, de Guadalajara, Jalisco.

Todas las camionetas las pagó “al contado” y las facturas se expidieron a su nombre. Luego endosó estas a favor de Televisa, aunque en una de las facturas no es legible la leyenda del endoso.

A partir de ahí se iniciaron los trámites ante los módulos de control vehicular utilizando la presunta documentación de Televisa anteriormente descrita. La referida nota informativa del expediente señala que tres camionetas fueron dadas de alta como vehículos nuevos en diciembre de 2009, una en junio de 2010 y las dos restantes en agosto de 2011.

Alrededor de cinco meses después de esta última fecha, tres de las camionetas fueron dadas de baja, y posteriormente dadas de nuevo de alta, ya como vehículos usados, con lo que se modificaron los números de placas, pero mantuvieron el mismo registro de propiedad: Televisa.

La ficha informativa apunta que en el caso del trámite de una de las camionetas --correspondiente a las placas 886-XCR--, “se detectó” que fue realizado en el módulo de Tlalpan por el operador Luis Aburto Orozco. Consigna que este tiene “antecedentes de emplacamientos irregulares relacionados con la delincuencia organizada y delitos contra la salud”, por lo que “desde el 20 de abril le fue cancelada la clave de usuario como operador” y se inició un proceso administrativo en su contra.

En ninguna parte del expediente de la Setravi se señala si los documentos presentados a nombre de Televisa son auténticos o falsos. Fue la propia televisora la que subrayó que son apócrifos.

El 19 de septiembre, El Noticiero que conduce Joaquín López Dóriga difundió una nota del reportero Mario Torres, que señaló: “Los trámites de alta vehicular se hicieron con documentación apócrifa ante la Setravi. Como norma, Televisa realiza los trámites de alta y baja de su parque vehicular a través de un gestor debidamente establecido. Los trámites siempre se realizan en el módulo especial que tiene la Setravi para atender empresas como Televisa.

Un día después --jueves 20--, también en El Noticiero, una nota del mismo Mario Torres apuntó: “Noticieros Televisa ha podido documentar que estas camionetas fueron posteriormente registradas a nombre de Televisa utilizando documentación apócrifa presumiblemente sustraída de los archivos de la Setravi, en los que destaca una copia de un poder notarial vencido a favor del gestor que Televisa utiliza normalmente para realizar los trámites. El gestor ha declarado ante las autoridades que investigan el caso, que no identifica los vehículos. El poder notarial no lo usa desde 2008”.

Sin embargo, el reportero nunca dio el nombre del “gestor” que no identificó los vehículos.

El pasado 29 de agosto Televisa presentó ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) una denuncia por el uso de documentos falsificados para registrar indebidamente como de su propiedad las camionetas incautadas en Nicaragua. Esa dependencia inició apenas la investigación la semana pasada.

En cambio, la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación y Alteración de Moneda, dependiente de la PGR, solicitó desde el pasado 28 de agosto información a la Setravi sobre los vehículos decomisados y las licencias para conducir de los mexicanos detenidos en Managua. El caso está inscrito en la averiguación previa UEIORPIFAM/AP/209/2012.

A pesar de que dicha investigación no ha concluido, de manera personal y verbal Marisela Morales, titular de la PGR, exoneró a Televisa de cualquier vínculo con los detenidos y con las camionetas.

Entrevistada el jueves 20 por López Dóriga durante su programa de noticias en Radio Fórmula, dijo: “Llevamos una investigación al respecto. Hasta donde vamos, hubo ahí una maquinación de las propias personas que están detenidas; bueno, de una persona (Alatorre), a cuyo nombre están las camionetas. En realidad ya se descubrió cómo fue la maquinación para llegar a poner a nombre de la empresa Televisa, pero no tiene nada que ver con esa empresa”.

Añadió: “Lamentablemente es un caso más en que la delincuencia organizada hace actos en nombre de otro o utiliza el nombre o el prestigio de esas personas que no están ni enteradas. Utilizaron el nombre de la empresa. Es lo que se desprende de la investigación. Pero ni las personas ni los vehículos pertenecen a la empresa”.