PRESIDENTE ORTEGA EVADE MILLONES A LA DGI

Unos 245.7 millones de córdobas. Es más de lo establecido en el Presupuesto General de la República de este año para la mejora de los centros escolares de primaria y secundaria en todo el país (193.3 millones).

Es lo que dos de las empresas vinculadas con el presidente inconstitucional Daniel Ortega habrían dejado de pagar al Fisco.

Estas son Alba de Nicaragua (Albanisa) y Telenica Canal 8 de Televisión, debido a la indolencia de las autoridades. Dos publicaciones de LA PRENSA en las últimas semanas han dado cuenta de cómo estas dos empresas han sido tratadas con mano suave por el Fisco. 

Estas empresas, vinculadas directamente con la familia presidencial, han evadido sus pagos al Fisco sin que se conozcan los motivos de la Dirección General de Ingresos (DGI) para mostrar tanta tolerancia hacia estas irregularidades. 

El 4 de mayo pasado LA PRENSA publicó una investigación en la que se reveló que Albanisa habría evadido el pago de Impuesto sobre la Renta (IR) hasta por el monto de diez millones de dólares (233.9 millones de córdobas) durante el 2011, al no registrar en el Centro para Trámite de las Exportaciones (Cetrex) sus operaciones de exportación de petróleo crudo y derivados hacia El Salvador.

Se desconocen las razones por las cuales la DGI le ha brindado esta facilidad a la televisora y si las reducciones han continuado en los meses posteriores a febrero pasado. La DGI ha mantenido un férreo silencio sobre las publicaciones de este Diario, pese a nuestras llamadas para conseguir su versión. 

Para el exdirector de la DGI, Róger Arteaga, con el caso de Canal 8 la DGI ha permitido que el Estado haya sido desfalcado y fustigó el hecho de que la entidad recaudadora de impuestos del país no haya mostrado beligerancia para hacer pagar sus deudas al Fisco a las empresas vinculadas con la familia presidencial.

“La DGI no ha sido tan estricta como debería de ser, porque el hecho de retener un IVA (Impuesto de Valor Agregado) y no enterarlo a la DGI es como si uno fuera al Banco Central a abrir la bóveda y sacar dinero de ahí.

Esos son recursos del Estado no son ni del contribuyente ni de la empresa que retiene el IVA. Si ahí se quedaron con IVA retenido y no lo pagaron, ese es un delito que lleva hasta pena de cárcel”, indicó Arteaga vía telefónica. 

“Lo que no se puede alegar en casos como estos es que por una prescripción de la deuda se tengan que perdonar impuestos. Si una deuda por impuestos prescribe es por mala administración tributaria porque lo que le toca es estar cobrando y no permitir que prescriban el pago de los impuestos” , añadió el exdirector de la DGI.