APRUEBAN LEY DE ATENCIÓN A EXCOMBATIENTES DE GUERRA

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La denominada Ley Especial para Atención a Excombatientes por la Paz, Unidad y Reconciliación Nacional, quedó ayer aprobada en su totalidad, pese los fuertes cuestionamientos de los diputados de la opositora Bancada Democrática Nicaragüense, BDN, por lo que calificaron de “violación al proceso de formación de la ley”, algo que fue rechazado por el presidente de la Comisión de la Paz, Defensa, Gobernación y Derechos Humanos, Filiberto Rodríguez.

La nueva ley, en su artículo uno, establece que los excombatientes tendrán derecho y acceso a todos los beneficios sociales “que establece la Constitución Política”, entre ellos, salud, empleo, vivienda y demás. Esos beneficios serán concedidos a todos los excombatientes ex miembros del Ejército de Nicaragua, el desaparecido Ministerio del Interior, la Resistencia Nicaragüense, la Resistencia Indígena y otras instituciones vinculadas al conflicto de los años 80.

La aplicación de esta ley estará a cargo de la Comisión Nacional de Verificación, Reconciliación, Paz y Justicia que dirige el cardenal Miguel Obando y Bravo, según el artículo 8.

Además, los programas a los que tendrán acceso los excombatientes son, según el artículo 20, todos los contemplados en el Plan Nacional de Desarrollo Humano “previsto por el Gobierno de la República”.

Salud gratuita, capacitación técnica y vocacional, acceso a programas de capacitación en el ámbito productivo; educación a nivel de secundaria y universitario son, entre otros, los beneficios a los que tendrán acceso los excombatientes; así como las madres de héroes y mártires.

Todos estos beneficios y derechos están contemplados en el Capítulo III denominado “De los Programa para la Reinserción Socio-Productiva”, que abarca del artículo 20 al 28 inclusive.

En la aplicación de estos programas están involucrados los ministerios de Salud y de Educación, y el Consejo Nacional Universitario, CNU; el Ministerio Agropecuario y Forestal, Mag-For; el Instituto Nacional Tecnológico, Inatec, así como el Instituto Nicaragüense de la Vivienda Urbana y Rural, Invur, en el caso del acceso a las viviendas de interés social.

Todas estas y demás instituciones del Estado deben coordinarse con la Comisión Nacional para la implementación de los programas sociales y determinar los mecanismos de aplicación y control de los mismos a los excombatientes.