SILENCIO ELECTORAL
NOTICIAS LEON / NACIONALES
El silenció electoral inició ayer a la media noche, previo anuncio del presidente y magistrado con cargo vencido del Consejo Supremo Electoral, CSE, Roberto Rivas Reyes, quien también denunció ayer la “sustracción” de más de 150 cédulas de identidad del Consejo Electoral Municipal, CEM, de Santa Teresa, Carazo, entre otros anuncios que realizó en conferencia de prensa.
Rivas pidió respeto a este período de “silencio electoral”, cuando ya no se puede hacer proselitismo político a través de ningún medio, según establece el artículo 97 de la Ley Electoral 331. “Setenta y dos horas antes del día de las votaciones cesará toda actividad de la campaña electoral, y los medios de comunicación estarán a la orden del Consejo Supremo Electoral para difundir la información acerca de los procedimientos para ejercer el derecho del sufragio”, indica el artículo referido.
En ese sentido, el CSE se puso a disposición de los medios de comunicación, para ofrecerles “información cívica relativa al derecho al sufragio”.
Sobre el robo de las cédulas en Santa Teresa, Rivas aludió que la responsable de esta “sustracción” es “gente interesada en tratar de meter en el proceso, elementos disonantes que no van de acuerdo con lo que es un proceso que realmente tiende a fortalecer la democracia del pueblo nicaragüense”. Por otra parte, anunció que los ciudadanos tienen hasta el sábado 5 de noviembre para retirar sus cédulas de identidad o documento supletorio, en sus consejos electorales correspondientes. Insistió en que para votar se puede usar la cédula vencida, la cual estará vigentes hasta el 31 de diciembre de 2012, por disposición de la Asamblea Nacional.
Rivas también hizo referencia al artículo 191 de la Ley 331, para recordar a los miembros de mesa de las Juntas Receptoras de Voto, JRV, que los militares o policías que estén fuera de su circunscripción debido a su servicio, “ejercerán su derecho al sufragio en la JRV más cercana, previa presentación del documento supletorio de votación o de la cédula de identidad, y constancia del responsable militar correspondiente”.
Rivas extendió esta disposición al personal del servicio médico, doctores, enfermeras, funcionarios y oficiales del sistema penitenciario, el cuerpo de bomberos, la gente debidamente acreditada de la empresa Unión Fenosa, de la telefónica Claro y funcionarios electorales que tienen que estar desplegados fuera de su territorio.
También mencionó el segundo párrafo del artículo 41 de la misma ley, para explicar que “si un ciudadano hábil para votar no apareciere en el Padrón Electoral de la JRV del lugar de su residencia habitual, pero posee su cédula de identidad o documento supletorio de votación legalmente expedido, que pruebe que reside en la circunscripción territorial de la respectiva JRV, esta autorizará el ejercicio del sufragio y hará constar este hecho en el acta respectiva”.
En alusión a las denuncias de las organizaciones de la sociedad, que demandan la entrega de cédulas, Rivas se refirió a estos grupos despectivamente, como “autollamada sociedad civil”, quienes “acostumbran a querer confundir al ciudadano nicaragüense”.
A la vez, minimizó sus denuncias de irregularidades en el proceso electoral, porque considera que ni siquiera los partidos políticos se han quejado.
En otro tema, el magistrado reveló que firmaron un acuerdo con la Procuraduría de Derechos Humanos, para que un agente de este organismo esté presente en los 4 mil 260 Centros de Votación a nivel nacional, “a fin de ver que se respete los derechos de los ciudadanos nicaragüenses”.
Por otra parte, los fiscales de los partidos políticos recibirán su acreditación hasta hoy. Rivas justificó este retraso porque la Alianza del Partido Liberal Independiente, PLI, envió la documentación de sus fiscales con “errores”. También detalló que estas credenciales tienen la foto del fiscal, y son específicamente para la JRV a la que les corresponde fiscalizar.
Finalmente, Rivas reveló que el presupuesto aprobado por la Asamblea Nacional para estas elecciones nacionales 2011, es de 680 millones de córdobas.
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