COLOMBIA PRESENTARÁ DEMANDA DE REVISIÓN O INTERPRETACIÓN A LA CIJ

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El Gobierno de Colombia interpondrá ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) una demanda de revisión o de interpretación del fallo sobre límites marítimos con Nicaragua.

Así lo anunció el ex procurador general e integrante del equipo de abogados del Estado, Carlos Gustavo Arrieta, quien confirmó hoy a Caracol Radio que la salida del Pacto de Bogotá no exime a Colombia de cumplir la sentencia.

El camino a seguir, tras anunciar ayer el Gobierno que se retiraba del Pacto de Bogotá, por el que se reconoce la jurisdicción de la CIJ, es presentar "una demanda de revisión o bien de interpretación", afirmó Arrieta.

Explicó que la interpretación, como opción más viable, consiste en solicitar a la Corte que tome en cuenta aspectos que no se plantearon durante el proceso, concluido el 19 de noviembre con una sentencia salomónica tras la demanda presentada por Nicaragua en 2001.

Las decisiones del tribunal de la ONU "se limitan a lo que las partes han pedido (durante el proceso), pero no estudia lo que no se ha pedido", dijo, al aclarar que la CIJ "se pronunció en materia limítrofe, pero no sobre derechos de los habitantes, vigilancia y seguridad y protección ambiental".

Lo evidente, según Arrieta, es que la retirada colombiana del Pacto de Bogotá no implica el desacato del fallo y por eso está obligada a cumplirlo.

Además, esa retirada no será efectiva hasta dentro de un año y en este periodo Colombia "podría recibir demandas".

Por eso solo se puede resolver el problema con Nicaragua "de forma amigable", según el abogado, para quien "los tratados son muy claros".

Aún así, advirtió que Nicaragua "también tiene un problema, independientemente de que tenga una sentencia a favor".

La razón es que "mientras Colombia no haya formulado un acatamiento formal (Nicaragua) va a tener dificultades" porque "no va a ser capaz de asumir responsabilidades ambientales y de seguridad en la zona", entre otras.

Además, la nación centroamericana "tiene un problema social, que es el de los habitantes del archipiélago", teniendo en cuenta que éstos son contrarios al fallo y defienden la soberanía colombiana sobre las aguas que han quedado en manos del otro país.