CONFESO QUE ASESINÓ A JOVEN EMBARAZADA

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La enfermera y estudiante de Derecho, Glenda Patricia Bordas Varela, de 34 años, en la audiencia inicial se puso de pie minutos después de la 1:00 p.m. de ayer y admitió que asesinó a Frania Isola Valle Gómez, de 21 años.

“Renuncio a todo juicio oral y público y quiero pagar por lo que hice, si me dan 20 o me dan 30 años, si es asesinato u homicidio”, dijo la mujer quien salió de las celdas preventivas a las 12:20 del mediodía bajo el resguardo policial.

Por seguridad, la audiencia inicial se efectúo en el auditorio de la delegación policial a donde llegó Rosario Montealegre, titular del Juzgado Segundo de Distrito Penal de Audiencias de Chinandega.

Según dictamen forense, había golpes en la piel, estrangulamiento, ataduras con guía plástica de suero, además herida transversal de diez centímetros en el abdomen, extracción de tejido graso, sin extracción de útero y con embarazo de pocas semanas.

El asesinato ocurrió en el segundo piso, sector norte del edificio 12 de la Colonia Ayapal, el pasado 5 de diciembre.

Según las averiguaciones, la victimaria subió el volumen del equipo de sonido, el televisor y abrió la llave del agua potable para que las cinco familias del edificio no escucharan los reclamos y gritos. Luego del crimen huyó a Tegucigalpa, Honduras, de donde regresó para entregarse en horas de la tarde del día siguiente en la frontera El Guasaule.

Bordas no mostró ninguna señal de arrepentimiento al ingresar al auditorio de la delegación policial mientras miraba a Nicolás Valle y Concepción Gómez Chavarría, padres de la asesinada.

“Yo nunca le he tenido miedo a esa mujer, ella observó que no dejé de verla en ningún momento, le demostré que no le tengo miedo. No creo que esté arrepentida”, dijo la madre de la víctima.

El doctor Alfonso Calero Sandino, asesor legal de la familia de la víctima, dijo que mañana será la lectura de sentencia condenatoria. “Esperaremos el fallo para ver el siguiente paso a seguir. Si no están satisfechos los padres, haremos uso del recurso de apelación”, manifestó Calero.

Refirió que el Ministerio Público declinó ejercer la acción penal respecto al delito de aborto sin consentimiento. “Es un delito de acción pública, los padres ejercerán particularmente esa acusación”, agregó Calero.

El abogado Miguel Ángel Vílchez, originario de León, fue nombrado defensor público, quien en la audiencia inicial había solicitado cinco días para la búsqueda de más pruebas, pero al salir dijo a los periodistas que Bordas aceptó los hechos.